sábado, 4 de octubre de 2008

El Gobierno dispuesto a usar todas sus naves contra los objetores.

El dia 3 de octubre el Ministerio de Educación ha enviado un requerimiento a la Consejeria de Educación de la Comunidad de Madrid solicitándole que paralice "cualquier alternativa" a EPC.

Parece
dispuesto a no ceder un ápice en su intransigencia, lo que demuestra, una vez más, la importancia que tiene para este gobierno la introducción de esta asignatura adoctrinadora. Mientras tanto, a pesar de que el gobierno dice no enterarse, sigue permitiendo que en determinadas comunidades se salten por completo la ley y no se permita a los niños estudiar en castellano, lengua oficial de España, a pesar de los continuos requerimientos de muchos padres.



Educación envía un requerimiento a la Comunidad para que paralice "cualquier alternativa" a la asignatura

[ 03-10-2008 ]Europa Press

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, ha enviado hoy a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid un requerimiento para que paralice las órdenes o instrucciones que articulan "cualquier alternativa" a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Según informaron a Europa Press fuentes del departamento dirigido por Mercedes Cabrera, en este requerimiento se recuerda al Gobierno madrileño que esta materia "es obligatoria" y sus contenidos "están contemplados en la Ley Orgánica de Educación (LOE), que fue aprobada por el Parlamento".

Este trámite entre administraciones supone el paso previo al recurso contencioso administrativo, que el Ministerio de Educación presentaría al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el caso de que el Gobierno de Esperanza Aguirre no conteste o asuma la petición en un plazo de dos meses.

Por su parte, un portavoz de la Consejería de Educación aseguró a Europa Press que de momento no han recibido dicho requerimiento, y que una vez sus responsables conozcan el contenido, se valorará la actuación que llevarán a cabo.

Este curso es el primero que los institutos y colegios de la región imparten la asignatura, en 2º y 4º de la ESO. El pasado mes, el Gobierno regional dio la orden a todos los directores de los centros, a falta de una sentencia firme del Tribunal Supremo, de que atendieran adecuadamente a los alumnos que quisieran objetar la materia.

Según estableció el Gobierno de Aguirre, y amparándose en sentencias de Tribunales superiores de otras comunidades, los alumnos que no acudan a las clases de Educación para la Ciudadanía deberán realizar trabajos sobre la Constitución y sus contenidos, así como tareas de voluntariado dentro del propio colegio. De momento, en el registro de la Consejería hay contabilizadas alrededor de 10.800 objeciones

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