La Justicia se inclina a favor de los objetores a Ciudadanía

[ 15-07-2008 ] La Razón

La guerra contra Educación para la Ciudadanía se libra en los tribunales. Ante la falta de reconocimiento por las comunidades autónomas, los objetores a esta polémica asignatura comenzaron, hace unos meses, a acudir a la Justicia para evitar que sus hijos tuvieran que cursarla. La primera sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fue favorable; la segunda, en Asturias, negó que los padres tuvieran motivos para objetar. El marcador estaba igualado, pero con el final del curso la balanza se ha inclinado claramente del lado de los objetores. Ya cuentan con al menos una treintena de autos de «medidas cautelares», que reconocen el derecho de los alumnos de no asistir a clase mientras el Tribunal Supremo no tome una decisión sobre la asignatura. Y esperan más.

Así lo explica Teresa García Noblejas, portavoz de la plataforma objetora Profesionales por la Ética. «En Andalucía hay más de 100 procedimientos judiciales relacionados con la objeción y pendientes de sentencia. Como se tramitan por la vía de los derechos fundamentales, irán a la misma sala que ya falló a favor de tres familias objetoras, por lo que es previsible que, en estos casos, también nos den la razón».

Suspensos revocados

En agosto los juzgados cierran, por lo que en estos últimos días de julio está llegando un aluvión de sentencias relacionadas con Educación para la Ciudadanía. Los autos judiciales ya han empezado a dar sus frutos. «Algunos niños andaluces que recibieron un suspenso en su boletín de notas, ahora figuran como 'no evaluados' por orden de la Consejería de Educación», explican desde Profesionales por la Ética.

Sin embargo, se trata sólo de los pocos alumnos que ya cuentan con un fallo judicial a su favor. Los otros 500 objetores andaluces que han cursado 3º de Secundaria este año (el curso en el que se ha implantado la asignatura en siete comunidades) se siguen considerando suspensos.

Nuevos fallos

En la última semana, la balanza se ha inclinado aún más del lado de los objetores. En La Rioja, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad emitió una sentencia a favor de los objetores y en contra del Gobierno riojano, que denegaba a lospadres la objeción a la asignatura, que se implantará el curso que viene en esta autonomía. La resolución, a la que tuvo acceso este periódico, reconoce que «los contenidos, objetivos y criterios de evaluación resultan radicalmente contrarios a sus ideas, creencias y convicciones [las de los padres]», por lo que «lesiona el contenido esencial de los derechos fundamentales».

Tras la sentencia riojana vinieron otros seis autos de medidas cautelares. Para Jaime Urcelay, presidente de la plataforma objetora, ya hay base jurídica para determinar que el Gobierno «conculca derechos constitucionales». «En caso de duda -asegura- los poderes públicos deberían actuar a favor de la libertad».

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